En las conmemoraciones oficiales y las narrativas mediáticas sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, es común encontrar una afirmación categórica: “La Sierra es el hogar de cuatro pueblos indígenas: los Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo”. Sin embargo, este enunciado oculta una verdad incómoda: la existencia del pueblo indígena Narakajmanta, un grupo ancestral cuya historia ha sido sistemáticamente borrada del imaginario nacional y de la agenda política.
Este no es un problema menor. Según el último censo del DANE (2018), los Narakajmanta suman aproximadamente 5.000 personas, una población comparable a la de los Wiwa y Kankuamo. A pesar de ello, no aparecen en los registros oficiales como un pueblo indígena diferenciado, sino que son subsumidos bajo categorías más amplias, lo que les niega derechos colectivos fundamentales, incluyendo la autonomía territorial y el reconocimiento de su cosmovisión en las políticas públicas.
Una historia de desplazamiento y resistencia
La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada el “corazón del mundo” por sus habitantes indígenas. Para los Narakajmanta, este territorio es más que un hogar: es un espacio sagrado donde cada río, montaña y bosque tiene un significado espiritual y ecológico. No obstante, su historia ha estado marcada por la violencia estructural y el desplazamiento forzado.
Entre 1990 y 2022, más del 40% de los Narakajmanta fueron desplazados debido al conflicto armado, principalmente por la presión de grupos paramilitares y guerrilleros. En 2019, un informe de la Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación de alto riesgo en la que se encontraban, mencionando la minería ilegal, la expansión agroindustrial y el tráfico de especies como amenazas críticas. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal del pueblo Narakajmanta ha dificultado su acceso a mecanismos de protección estatal.
¿Por qué no se habla de los Narakajmanta?
El borramiento de este pueblo indígena no es accidental. Históricamente, el reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia ha estado mediado por procesos políticos que privilegian a ciertas comunidades sobre otras. Los Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo han logrado consolidar estructuras de autogobierno y representación ante el Estado, mientras que los Narakajmanta han sido marginados en estos procesos.
La invisibilización también se debe a la falta de documentación etnográfica y lingüística sobre ellos. Mientras que las lenguas de los otros cuatro pueblos han sido objeto de estudios académicos y políticas de revitalización, la lengua Narakajmanta está en riesgo crítico de desaparición, sin programas oficiales que garanticen su preservación.
El costo de la invisibilización
Negar la existencia de un pueblo indígena no solo les arrebata su identidad, sino que también profundiza su vulnerabilidad. En términos de derechos colectivos, los Narakajmanta no han sido beneficiarios de los programas de restitución de tierras ni de los proyectos de fortalecimiento cultural financiados por el Estado. Su acceso a la educación intercultural es limitado, y sus líderes han denunciado que las políticas de consulta previa no los incluyen en las decisiones que afectan su territorio.
Reconocer para reparar
El silencio sobre los Narakajmanta es una deuda histórica que Colombia debe saldar. El Estado tiene la obligación de reconocerlos oficialmente como un pueblo indígena con derechos propios, garantizar su acceso a la justicia y asegurar su representación en espacios de gobernanza territorial. La comunidad internacional y los medios de comunicación también tienen un papel clave en visibilizar su lucha y exigir acciones concretas.
A 500 años de la fundación de Santa Marta, es hora de preguntarnos: ¿hasta cuándo seguiremos ignorando a los Narakajmanta?
